Las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), los formularios que deben completar los importadores para poder ingresar mercadería al país, llegan a los despachos oficiales a un ritmo de 2.500 promedio por día hábil.
Las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), los formularios que deben completar los importadores para poder ingresar mercadería al país, llegan a los despachos oficiales a un ritmo de 2.500 promedio por día hábil. Y pese a que -según fuentes de la Cámara de Importadores de la República Argentina- el ritmo de aprobaciones se aceleró en junio,fuentes de las más diversas industrias aseguran que siguen teniendo enormes dificultades para sacar sus envíos de la Aduana.
Parecería casi ocioso explicar la virtual imposibilidad de procesar tamaño flujo de información en un lapso razonable; está claro que en muchos casos la DJAI funciona como una barrera paraarancelaria más eficiente aún que las licencias no automáticas.
La falta de productos e insumos recobró notoriedad cuando una cadena de cafeterías de origen estadounidense se disculpó por la falta de vasos en los que despachan sus cafés «espresso» y «macchiatto». Distan de ser los únicos.
Hace algunas semanas cuatro fabricantes locales de perfumes y cosméticos (los más importantes de la plaza local) mantuvieron con Guillermo Moreno una de las curiosas reuniones que han otorgado notoriedad al secretario de Comercio Interior. Allí le explicaron que, si bien sus productos son «industria argentina», están obligados a importar fragancias y pigmentos que nadie hace a nivel local. Moreno les habría respondido con uno de sus habituales exabruptos, y la reunión no habría concluido en los mejores términos. La consecuencia es que esas fábricas -cuyos productos surten a las clases menos pudientes de la sociedad, que no pueden acceder a fragancias importadas- estarían al borde de la parálisis.
De todos modos, desde la Cámara de Importadores de la República Argentinaaseguran que el ritmo de ingreso de mercadería se aceleró en el último mes, tras sesenta días (abril y mayo) que habían sido «dramáticos» en ese sentido.
La balanza comercial arrojaría un superávit cercano a los u$s 7.500 millones durante el primer semestre del año, en parte por las restricciones impuestas por Moreno y en parte por la dramática caída del consumo interno que viene produciéndose de manera ininterrumpida desde fines del año pasado. Hasta fines de mayo el superávit había trepado a u$s 6.300 millones, según datos divulgados por el INDEC.
La proyección del superávit para todo el año se acercaría bastante, entonces, a la cifra de u$s 12.000 millones que aseguró Moreno era necesaria para evitar males mayores en la economía. Con ese monto en las alforjas, los importadores -en una curiosa mezcla de especulación y esperanza- aseguran que el Gobierno aflojaría al menos en parte la férrea restricción que impone al ingreso de mercaderías. La «apertura» (incipiente, parcial) registrada en junio daría pábulo a esa esperanza/especulación.
Llamativamente, las mayores restricciones en abril y mayo recayeron sobreinsumos, repuestos y máquinas, imprescindibles para producir; al revés de lo que había sucedido en el primer trimestre, cuando las trabas fueron mayores sobre los productos terminados.
Sin embargo, la cifra del superávit comercial podría quedar por debajo de las proyecciones por las enormes dificultades que están encontrando los exportadores para vender al exterior. La situación, denunciada de manera reiterada por la Unión Industrial Argentina (UIA), tiene su origen en la controvertida Resolución 142/2012del Ministerio de Economía, que impone un plazo de 30 días para liquidar (al cambio oficial, desde ya) las divisas provenientes de exportaciones. Pese a las seis modificaciones que se le introdujeron a la norma desde su sanción el 25 de abril pasado, el problema de fondo no se ha solucionado: la imposibilidad de los empresarios argentinos de cobrarles a sus clientes en un plazo tan perentorio (a nivel internacional, el promedio de pago ronda los 120 días para operaciones de exportación).
Y dado que Moreno viene aplicando de forma bastante estricta el «uno a uno» (si se quiere importar por un dólar, se debe exportar por el mismo monto), los importadores se ven en la difícil disyuntiva de financiar al Gobierno con sus propios dólares (liquidar a 30 días lo que cobrarán a 120, y asumir el costo financiero de esa operación) o resignarse a dejar en la Aduana lo que necesitan para trabajar o producir.
Trascendió que el Gobierno (en este caso la Secretaría de Comercio Exterior, a cargo de Beatriz Paglieri, el «alter ego» de Moreno) estaba preparando una nueva modificación a la Resolución 142/12, que incluiría un nuevo cambio en los plazos para liquidar divisas. También iba a emitir un listado de empresas a las que se les flexibilizarían los plazos, lo que produciría sospechas de discrecionalidad.
A lo que se niega de plano el Gobierno es a llevar a cabo lo que pide la UIA: derogar lisa y llanamente la Resolución 142 y volver al régimen anterior. Ahora, con el dólar «blue» rondando los $ 6,50, todo esto parece haberse convertido en teórico.